La b\u00fasqueda de protecci\u00f3n de los seres humanos contra las enfermedades, la vejez, la invalidez y los desaf\u00edos de la naturaleza ha sido una constante que se remonta a sus mismos or\u00edgenes; de tal manera que la historia de la humanidad es una continua sucesi\u00f3n de intentos por alcanzarla. Pero la primera propuesta en firme para garantizar, desde el Estado, un m\u00ednimo de seguridad social a los trabajadores fue el sistema propuesto en Alemania por el canciller Bismark a finales del siglo XIX, y aprobado por el Parlamento el 15 de julio de 1883.\u00a0<\/p>\n
Sin embargo, no es sino a partir del famoso informe Social Insurance and Allied Services<\/em>, dirigido al parlamento ingl\u00e9s, del economista Sir William Beveridge, el 20 de noviembre de 1942, y la publicaci\u00f3n en 1950 del ensayo Ciudadan\u00eda y Clase Social <\/em>de T. H. Marshall (producto de una serie de conferencias dictadas por el autor en Cambridge en el 1949), cuando se generaliza en el mundo occidental la inclusi\u00f3n dentro de los derechos de ciudadan\u00eda, una segunda generaci\u00f3n de derechos, llamados Derechos Sociales, entre los cuales destaca, el derecho a la seguridad social. Entre estos se incluyen, el derecho a la asistencia sanitaria universal, a la protecci\u00f3n de la vejez y\/o las discapacidades. Estos derechos se fueron incorporando dentro de las pol\u00edticas p\u00fablicas de los Estados siendo, con algunas diferencias, inicialmente establecidos en algunos pa\u00edses europeos, bajo el concepto de Estado del Bienestar.<\/p>\n En Latinoam\u00e9rica y El Caribe el proceso de introducci\u00f3n de la protecci\u00f3n social a los ciudadanos fue m\u00e1s lenta, marcado por el alto porcentaje de la poblaci\u00f3n que viv\u00eda (y vive) en pobreza extrema. De ah\u00ed que, si bien muchos de los pa\u00edses latinoamericanos, desde mediados del siglo pasado ya hab\u00edan creado normas dirigidas a la protecci\u00f3n de las clases sociales menos favorecidas, en gran parte estaban concentrados en el sistema estatal de los seguros sociales, dirigido a un limitado mercado laboral. Ofreciendo una reducida atenci\u00f3n en el \u00e1rea de la salud y un sistema deficiente de pensiones.<\/p>\n El concepto de \u201cseguridad social\u201d, como el derecho que tienen todos los ciudadanos a una cobertura integral de todos los riesgos y contingencias producto del desempleo, la enfermedad, la invalidez, la vejez y la viudez, entre otras contingencias, fue establecido como meta de todos los gobiernos latinoamericanos en el VI Congreso Iberoamericano de Seguridad Social que tuvo lugar en Panam\u00e1 en el 1976. En dicho congreso se estableci\u00f3 que todo ciudadano, por el hecho de serlo, tiene derecho a la seguridad social en cumplimiento de los principios de universalidad, integridad, suficiencia, solidaridad, participaci\u00f3n, subsidiariedad del Estado y pluralismo institucional.<\/p>\n En Rep\u00fablica Dominicana este concepto integral de seguridad social adquiere carta de ciudadan\u00eda el 29 de mayo de 2001, con la promulgaci\u00f3n de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). En dicha ley se constituyen una serie de instituciones p\u00fablicas, privadas y mixtas que, bajo la direcci\u00f3n del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) tienen como tarea su implementaci\u00f3n en todo el territorio dominicano.<\/p>\n Ahora bien, al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) adoptar, con ligeras modificaciones, el modelo chileno de capitalizaci\u00f3n individual, en el cual se hace m\u00e1s \u00e9nfasis en la sostenibilidad econ\u00f3mica del sistema que la calidad y extensi\u00f3n del servicio a todos los ciudadanos, gener\u00f3 desde los inicios de su operaci\u00f3n, una serie de posiciones encontradas dentro de los actores principales del sistema. El \u00e9nfasis en la rentabilidad ha contribuido a deslegitimar y desmoralizar todo el funcionamiento del sistema, hasta tal punto en que se ha perdido gran parte de su esencia: el acceso universal de los ciudadanos a una asistencia m\u00e9dica integral y la garant\u00eda de un ingreso m\u00ednimo decente en el caso de invalidez, vejez y\/o desempleo.<\/p>\n Los conflictos de intereses entre los actores, presentes desde el inicio de la promulgaci\u00f3n de la ley, se han agudizado en la actualidad haciendo m\u00e1s dif\u00edcil el funcionamiento del sistema. Frente a las propuestas de introducir modificaciones a la Ley 89-01 para mejorar su operatividad y direccionarla en la consecuci\u00f3n de sus originales objetivos, las contradicciones se agudizan y dificultan la posibilidad de alcanzar un consenso entre las partes. Por un lado, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), dominadas por el sector financiero, se encuentran enfrentadas a otras organizaciones de la sociedad civil como la Asociaci\u00f3n Nacional de Cl\u00ednicas Privadas (ANDECLIP) y el Colegio M\u00e9dico Dominicano (CMD); cada una defendiendo a toda costa sus propios intereses. Por otro lado, las instituciones que representan al gobierno dentro del sistema, muchas veces viciadas en sus objetivos de controlar el sistema, bajo la influencia de los intereses privados, se muestran impotentes de asumir su responsabilidad como directores del proceso.\u00a0<\/p>\n A todo esto, los diferentes actores, tanto p\u00fablicos como privados, enzarzados en est\u00e9riles disputas por tratar de maximizar sus propios beneficios, dejan de lado el objetivo principal del sistema: el ciudadano de a pie. Olvidando que, la finalidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social es precisamente regular y desarrollar \u201clos derechos y deberes rec\u00edprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protecci\u00f3n de la poblaci\u00f3n contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesant\u00eda por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales\u201d (art. 1 de la Ley 87-01). En este sentido, todas las instituciones del sistema solo lograr\u00e1n alcanzar su propia legitimidad, cuando enmarquen sus actuaciones hacia el fin de alcanzar estos objetivos.<\/p>\n Para lograr superar la confusa situaci\u00f3n en que se encuentra nuestro sistema de seguridad social, se hace necesario que todos los actores y afectados del sistema se sientan representados en torno a una mesa del di\u00e1logo a exponer, de manera abierta, honesta y sin artima\u00f1as, sus mejores argumentos a favor de sus puntos de vista. Teniendo presente, eso s\u00ed, que tienen la obligaci\u00f3n de escuchar a los dem\u00e1s y no tratar de imponer su autoridad o poder econ\u00f3mico.\u00a0 Pero, sobre todo, que lo m\u00e1s importante de este di\u00e1logo sea reencausar las actividades de cada una de las instituciones para que se ajusten a los fines y objetivos originarios de nuestro Sistema de Seguridad Social.<\/p>\n Solo de esta manera se lograr\u00e1 un verdadero consenso que salve nuestro sistema de seguridad social.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo S.R.E. Mons. 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